LA DISYUNTIVA EN LA DEFENSA CONSTITUCIONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS: ¿CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL O JUICIO DE AMPARO?

Resumen

LOS TEMAS procesales constitucionales, han adquirido una inusitada complejidad en México en los últimos años. Ya antes de la reforma constitucional de diciembre de 1994, el desarrollo técnico del juicio de amparo requería un conocimiento profundo y especializado sobre este proceso, para acudir por su conducto ante los tribunales en condiciones óptimas; pero luego de la mencionada reforma, la defensa constitucional se elevó a niveles técnicos que no imaginamos, a pesar de que uno de sus principios es facilitar el acceso a ella para la mayor amplitud de defensa del orden constitucional.
En la “nueva” configuración del sistema de defensa constitucional mexicano, la controversia constitucional y el juicio de amparo, pueden presentar dificultades en cuanto a su articulación, por las similitudes entre ambos procesos, que incluso han hecho a la Suprema Corte de Justicia de la Nación acogerse a los criterios acuñados en el juicio de amparo —con más de siglo y medio de práctica en nuestro país—, para resolver cuestiones relativas a la controversia constitucional; si bien estos problemas de articulación no son constantes, sí pueden darse y merecen discutirse y resolverse, porque de ello depende el respeto a nuestro orden constitucional. De echo, nuestra inquietud por este tópico resultó de; Nuestra modesta experiencia: se nos presentó el caso de un ayuntamiento que, por la naturaleza de la reforma legal que pretendía impugnar, dudó entre promover la controversia constitucional o el juicio de amparo, y una decisión no ponderada debidamente a este respecto, hubiera perjudicado gravemente los intereses de esa entidad pública que, en última instancia, corresponden a los de la sociedad entera.
Por lo anterior nos parece que el tema no es de poca monta sino, por el contrario, de principal importancia. El debido conocimiento de los alcances de cada instrumento de defensa constitucional con que contamos, servirá a la delimitación de cada uno y a la claridad de nuestro ordenamiento jurídico, lo que a final de cuentas realizaría uno de sus valores esenciales: la seguridad jurídica.