El objetivo del presente artículo es argumentar la pertinencia de una aproximación interdisciplinaria para dilucidar la relación entre comunicación y participación, focalizándose en las prácticas como unidad de análisis. En lo que sigue se plantea el problema de estudio, luego se identifican tendencias en la indagación de dicha relación; en la sección siguiente se distinguen orientaciones actuales de investigación, ejemplificadas con estudios de caso y, finalmente, se ofrecen reflexiones que justifican una aproximación interdisciplinaria al problema de estudio.
El estudio de la participación política cobra un nuevo impulso a partir de la generalización de las comunicaciones digitalizadas en red, basadas en tecnologías de información y comunicación y la convergencia entre telecomunicaciones y radiodifusión.1 Al revisar la investigación publicada se observa que la mayor parte: a) se concentra en la participación electoral;2 b) se focaliza en cómo está determinada por el entramado institucional3 y en ciertas condiciones contextuales específicas o casos de estudio en que tiene lugar, y, c) se asienta en la teoría normativa de la democracia o bien en teorías sobre los efectos de la comunicación a escala masiva sobre el comportamiento político. La teoría e investigación en torno a la relación entre participación y comunicación políticas es abundante, con diversidad de casos, pero prevalece la fragmentación disciplinaria entre campos de conocimiento y es incipiente en cuanto al papel de las prácticas comunicativas y sus repercusiones en las prácticas políticas en el contexto de comunicaciones convergentes.
Desde la ciencia política, un presupuesto teórico común consiste en que las formas de participación política, sus alcances y limitaciones, están determinados por los rasgos del régimen político prevaleciente. Por eso, su análisis se focaliza en las instituciones, las cuales establecen estructuras de mecanismos, recursos y oportunidades con base en normas que descansan en creencias y valores políticos hegemónicos, porque resultan de cierta configuración de las relaciones políticas que los hacen valer e imponen sobre las clases sociales y porque, a la vez, terminan siendo aceptados y compartidos en cada contexto histórico (Anduíza y Bosh 2004). No obstante, debido a las desigualdades sociales existentes en toda sociedad, la participación comporta un sesgo estructural porque favorece a ciertos ciudadanos y grupos sociales sobre otros, debido a que los recursos y la capacidad de influencia están distribuidos asimétricamente (Vallés 2006). Ante ese dilema casi todos los sistemas políticos han introducido, con variantes, mecanismos de participación típicos de la democracia directa,4 que vinculan a los ciudadanos a la deliberación pública en los órganos decisorios de gobierno; investigación empírica en distintos contextos revela, sin embargo, que su efectividad es escasa y limitada al nivel de gobierno local (Font y Blanco 2001), en razón de que su puesta en práctica reproduce asimetrías entre gobernantes y ciudadanos, y entre estos últimos.5
Las perspectivas de la elección racional, pluralista y neoinstitucionalista asumen que la participación política desempeña un papel complementario al ejercicio del voto y la clasifican en formas convencionales y no convencionales, según que se ajusten o no a las reglas y transcurran por el cauce de las instituciones establecidas, lo cual es limitativo para tratar con la protesta social. Si bien explican la participación en términos de exclusión e inclusión, en los tres casos el foco reside en su carácter instrumental, esto es, en cuanto al papel como medio de presión para incidir en la agenda política de gobierno. Pero la participación política no es solamente de índole electoral y tampoco transcurre solamente por el cauce que las instituciones establecen como legítimo en el contexto del régimen democrático, en cuyo desarrollo histórico se ha transformado su papel y significado en términos de legitimación y consenso político posibles.6
En el contexto actual predominan dos diferentes elaboraciones: por un lado, la teoría normativa de la democracia que enmarca la participación dentro de dos procesos políticos fundamentales (según analiza Bobbio 1997): integrar gobierno y renovar a sus titulares e influir, mediante la opinión pública, en la toma de decisiones que disputan el gobierno y las oposiciones en turno y, por otro lado, la teoría radical de la democracia, que considera a esta como una forma consustancial de la vida social, por la cual todos los ciudadanos dirimen sus diferencias y deciden los acuerdos que se harán prevalecer en virtud del consenso directo que conforman al deliberar acerca de la acción colectiva7 en favor del reclamo de la diferencia y el reconocimiento político de minorías excluidas (tal como postula Mouffe, 1999).8 Al final, ambas teorías concuerdan en que la participación política implica tanto el ejercicio de libertades y derechos políticos como la deliberación de las decisiones que atañen y se imponen a la colectividad como consecuencia del consenso alcanzado. Aquí una distinción relevante entre ellas radica en el énfasis otorgado al procedimiento y al significado otorgado a aquella,9 si bien ambas coinciden en que el ambiente de comunicación pública es una condición que puede ser limitativa o bien habilitadora, la teoría normativa enfatiza la disponibilidad de información y el ejercicio de la libre expresión, mientras que la teoría radical se centra en la discusión pública y los procesos de politización.10 Para ambas teorías, ciudadanos mejor informados están mejor habilitados y las limitaciones en el ambiente de comunicaciones explican en parte un precario desempeño al ocuparse de los asuntos públicos. Dicho presupuesto común no se sostiene en evidencia empírica consistente, con independencia del contexto cultural (Delli Carpini 2004).
La comunicación en sus diversas modalidades, interpersonal (conversación de voz o texto); mediática impersonal (prensa, radio, televisión, cine) y mediática interactiva (Internet; telefonía móvil), mediante la digitalización de voz, imagen, texto y datos y su transmisión a través de redes de telecomunicación y señales de radiodifusión, transcurre, con distinto alcance, durante las actividades de participación política y tiene efectos diferenciados sobre ellas. Por eso es pertinente estudiar el entorno multimediático (convergencia de medios de comunicación), concebido por algunos como un “ecosistema mediático cultural” (Scolari 2008; 2014) y por otros como “ambiente comunicativo” (Mazzoleni 2004), en cuanto a que abre nuevas posibilidades para acceder a recursos y oportunidades de acción y en la medida en que hace posible conseguir visibilidad pública, establecer interlocución política y organizarse. Ese entorno permite: a) conocer y compartir contenidos significativos, desde el punto de vista de quienes participan, y, por tanto, b) verter opiniones y plasmar marcas discursivas de actitudes, manifiestas o latentes, hacia los demás, de modo personalizado, generalizado o incluso anónimo y, como consecuencia, c) relaborar tales contenidos o generar otros distintos, remitir a unos y a otros y acceder a todos ellos de modo sincrónico o diacrónico, vinculando situaciones y experiencias entre personas que, no obstante, no comparten el mismo contexto social, por estar ubicados en posiciones diferentes y seguir trayectorias distintas en una determinada estructura de clases y estratos sociales en la que se inscribe su vida en común. Pero el régimen de las comunicaciones públicas es objeto de disputas y arreglos políticos, de allí que el diseño institucional y su regulación legal generen conflictos y afecten su desarrollo.
En el campo de las ciencias de comunicación el área de conocimiento delimitada por la intersección entre comunicación y política se ocupa de las transformaciones de la relación entre sistema político, sistema social y sistema de medios de comunicación; este último desempeña un papel central para la gestión de la visibilidad pública y la resonancia de la lucha política, que de otro modo esta no conseguiría, y de los conflictos que tal gestión suscita. Tal sistema interviene en la percepción y opinión que individuos y grupos sociales se forman acerca de la eficacia de la propia acción y de la de otros (interna) y de la receptividad que encuentran en el sistema político (externa), una variable asociada a la frecuencia e intensidad de la participación, que implica la dimensión simbólica, más allá del cálculo estratégico y del intercambio de información.
En ese marco, cabría preguntarse por la pertinencia y el potencial heurístico de aproximaciones interdisciplinarias, para entender la relación entre participación y comunicación política, en el contexto de sociedades crecientemente interconectadas y, a la vez, fragmentadas en términos de su diferenciación social, política y cultural, proclives a conflictos resultantes de la vindicación de particularismos en casi todos los ámbitos, ante los cuales los consensos son cada vez más precarios y los disensos más beligerantes. El problema de estudio, de la investigación que aquí se informa, consiste en explorar las maneras distintivas en que las prácticas de comunicación alteran las prácticas políticas en ese contexto. Se propone como hipótesis que el análisis debiera considerar mediaciones de orden político y cultural, porque tales maneras se corresponden con la intersubjetividad y la producción simbólica puestas en juego en y por diversas interacciones comunicativas en ámbitos, por cauces y a través de mecanismos distintos a los políticos institucionales y, en consecuencia, alteran el sentido colectivo y los significados al interpretar las acciones, las prácticas y formas de participación; esta variable de estudio es relevante porque permite eludir los sesgos del determinismo institucional y la subestimación del papel de la agencia humana, presentes al estudiar fragmentariamente este objeto de estudio.
Aquí se propone pensar la participación en tanto que las maneras específicas y contextualmente circunscritas en que se articulan entre sí diversas acciones dirigidas a incidir en los procesos de ejercicio, disputa y control del poder político; esto es, considerando sus diferentes niveles de abstracción: como proceso político, forma de relacionarse y actividad desplegada. Así, en tanto que actividad, designaría ciertos ordenamientos de acciones basadas en el sentido práctico y orientadas a influir en decisiones políticas. En tanto que forma de relacionarse concierne al ámbito público de la sociedad políticamente organizada, en cuyo seno los sujetos individuales y colectivos detentan libertades y ejercitan derechos y obligaciones, a partir de creencias, valores y actitudes que se imponen como legítimas para intervenir en el proceso político. Como proceso, está determinada por el tipo de régimen político imperante. Así, toda forma de participación equivale a una cierta configuración del sujeto, las acciones que emprende, el contexto de relación política que la orienta y el discurso que despliega. Veamos cómo han sido estudiadas.
Al revisar la investigación más reciente, se observa que la relación entre participación y comunicación en el ámbito político ha sido estudiada a partir de una condición de necesidad11 o bien de afectación recíproca.12 Se pueden identificar tendencias en relación con la agenda y los problemas de estudio y a la perspectiva teórica y enfoque metodológico. En cuanto al primer aspecto los estudios se dividen en dos vertientes. Por una parte, aquellos coincidentes en que las características y usos del medio técnico y modalidad de comunicación pueden representar ventajas o desventajas (McLuhan 1996) para las formas en que transcurre la participación política, así como aquellos centrados en esa misma relación diádica de variables posibles pero analizadas en términos de causa-efecto.13 Un mérito es que se trata de investigación empírica de casos y que la variable/desventaja no es atribuida al medio de comunicación en sí mismo sino a los usos que del mismo hacen los sujetos.14 Una limitación es que los hallazgos precedentes se discuten poco y eso impide comparar observaciones en diferentes contextos.
En cuanto a la segunda vertiente, la relación explorada con mayor frecuencia concierne a la generación, uso y apropiación de información, por un lado, y al involucramiento y activismo político, por el otro, principalmente en procesos electorales. Aquí los hallazgos son expresados en términos de relación positiva o negativa.15 Un mérito es la creciente atención prestada a movimientos sociales y protesta política, en especial por una línea de investigación que confronta las potencialidades y limitaciones de la comunicación interactiva en redes para dar o no lugar al debate público político, si bien se encara cierto rezago al discernir acerca de formas de participación cívica y social, así como en el análisis de lo que se denomina comunicación alternativa16 y comunicación a través de telefonía móvil, a lo que se agrega excesiva atención a ciertas plataformas digitalizadas de comunicación interactiva en detrimento de otras.
Por lo que se refiere a la perspectiva teórica y enfoque metodológico, se observa el predominio de aproximaciones que supeditan la comunicación al papel de instrumento y/o de escenario en que la participación transcurre,17 determinados en ambos casos por la regulación estatal de las comunicaciones y la coexistencia de intereses públicos y privados.18 Se trata de estudios acerca de las transformaciones de la esfera pública y sus consecuencias para la política democrática, las condiciones y factores de inclusión y exclusión que dan cauce a la expresión del pluralismo y a la confrontación entre consenso y disenso.19 En los estudios revisados predominan dos visiones en el tratamiento analítico de la participación: por una parte, explicar su alcance y declinación a partir de la “crisis de la política representativa” (Touraine 1998) y del comportamiento de desconfianza y apatía que ella genera en los ciudadanos hacia las instituciones y los agentes políticos, como consecuencia de la declinación de los partidos políticos como principal cauce de la participación y de su papel articulador de las demandas sociales, a la par de la creciente influencia que ganan los medios de comunicación como escenario de la política. Por otra parte, una visión centrada en los rasgos de cultura política (autoritaria o democrática) que impregnan los imaginarios sociales o el sentido simbólico compartido, referente que incide en las disposiciones y orientaciones hacia la acción y la organización colectiva, lo cual es observado mediante estudios predominantemente cuantitativos y basados en encuestas de opinión, centrados en la evaluación que los sujetos hacen acerca de sus recursos y oportunidades, su adhesión o no a creencias y valores políticos y de su propia eficacia (Almond y Verba 1980; Pateman 1970).
En lo que sigue se hace un somero balance de la investigación acerca de los factores que inciden en la participación política, a partir de los “usos sociales” de la comunicación digitalizada en redes de telecomunicaciones e Internet. Se seleccionaron estudios representativos de prácticas de participación y de comunicación, aun cuando en algunos casos la descripción de variables intervinientes sea insuficientemente especificada. Con todo, sirven para ilustrar el problema de estudio planteado. Así, se consideraron las siguientes modalidades: discusión política, promovida dentro de partidos políticos y en el cauce de las instituciones gubernamentales; la búsqueda de información y conformación de agenda pública; comunicación alternativa e incidencia en opinión pública; activismo y comunicación electoral; movilización y acción colectiva, ya sea conformando comunidades virtuales; acción cívica organizada o protesta.
Esta es una de las formas institucionales más estudiadas y polémicas después del voto. En el estudio de Gerl, Marschall y Winter (2017), focalizado en el uso y gestión de plataformas digitales por parte de los partidos políticos para alentar, más allá del contexto electoral, el debate y la evaluación de propuestas políticas, se concluye que quienes participan de las discusiones (“en línea”) no son tan diferentes de quienes lo hacen fuera de ellas (“fuera de línea”), si bien no se dilucida acerca de quiénes son y cuáles son sus respectivas motivaciones en cada caso. El modelo propuesto pone en relación tres tipos de factores implicados: a) socioestructurales y recursos: género, edad, educación, procedencia, estatus social, habilidades cívicas, habilidades para la Internet, recursos provistos por el partido y habilidades partidistas; b) psicosociales: eficacia política, interés político, actitudes hacia la participación intrapartidista y actitudes hacia la participación política “en línea”, y, c) motivacionales: cálculos de costo-beneficio e incentivos y motivos concretos para participar o no. Postulan que no existen mediciones estándares para la variable “habilidades para la Internet”, pero su análisis debiera tomar en cuenta indicadores de orden cuantitativo y cualitativo, que permitirían observar cómo usan las personas ese medio, con fines políticos y en diferentes escenarios; en consecuencia, proponen tres principales: (i) uso cuantitativo del medio (medido en horas por semana); (ii) búsqueda de información política “en línea”, y, (iii) participación política en línea (“llevada a cabo”-“no llevada a cabo”); este último indicador se subdivide en tres subcategorías: “voto”-“calificación en línea”; “discusión”-“deliberación en línea”; “movilización”-“movilización en línea”. Al aplicar su modelo a casos de campañas electorales se encontró que la recurrencia a redes digitales moviliza a ciudadanos pasivos, con capacidades limitadas para su uso y a votantes afines al partido, con propósitos organizativos de campaña, antes que a nuevos adeptos o bien a militantes.
Esto conlleva observar la discusión política a la luz de distinciones acerca del escenario y de sus condiciones de posibilidad. Un supuesto común a varios estudiosos es que los patrones de comportamiento “en línea” y “fuera de línea” tienden a ser similares, lo cual puede deberse según Papacharissi (2002) a que la discusión en el “espacio público virtual” (“en línea”) suele estar dominada por la élite política y a que los heterogéneos contextos culturales hacen difícil recrear una esfera pública unificada dentro y fuera de las plataformas de comunicación digitalizada; así, aunque las tecnologías asociadas con Internet facilitan el acceso expedito, a bajo costo y a conveniencia del usuario a ese espacio y favorecen participar de la discusión política, esta no necesariamente es más informada y diversificada, entre otras razones, debido a que prevalecen intereses creados en los usos políticos de tales plataformas. En tanto que medio de comunicación en red, la Internet provee de otro foro que enfatiza la discusión política, pero no asegura la equiparación entre quienes intercambian y confrontan ideas y opiniones, y tampoco ceñirse a valores democráticos, cuya promoción no depende de la disponibilidad de las tecnologías. Por tanto, en el análisis del proceso de transición desde un espacio público virtual hacia una esfera pública virtual requiere de la integración de variables de orden cualitativo.
Otra razón de la similitud en los patrones de comportamiento dentro y fuera de las plataformas digitales de comunicación puede atender a diferencias al interpretar el sentido de inclusión versus exclusión, o bien, del papel (rol) y posición de “gobernante” versus “ciudadano”, cuando se trata de mecanismos institucionales para la discusión política de decisiones gubernamentales, puesto que las expectativas que genera el uso de las mismas con ese propósito no necesariamente se traducen en el conocimiento que proviene de la experiencia directa y personal de participar al margen de la comunicación digitalizada en una discusión de ese tipo. Ello queda ilustrado en el caso, por ejemplo, de los llamados “presupuestos participativos electrónicos”, práctica por la cual los ciudadanos pueden presentar a la autoridad competente, mediante comunicación digitalizada, propuestas de gasto e inversión pública a llevar a cabo en el asentamiento urbano en que residen. En efecto, en un estudio, Porras (2015) analiza el ejercicio deliberativo, en tanto acción comunicativa, y su repercusión en el aprendizaje político, concluyendo que si bien modifica la dinámica de intervención político-partidista durante las asambleas y se consigue cierto aprendizaje, la discusión no está exenta de cierto control por parte de la autoridad.20
Algunos consideran que la búsqueda de información es una forma de participación política, en la medida en que permite mantenerse vinculado con los asuntos colectivos y, eventualmente, estar habilitado para comentarlos y contribuir con otros a la conformación de una agenda social que pueda ser confrontada con la agenda política y mediática. Cabe señalar que si bien no distinguir entre diferentes tipos de búsqueda y de información política pudiera llevar a cierto sesgo en la interpretación de conductas, la aplicación de las TICs con ese propósito genérico favorece la libertad de elección y la diversificación de fuentes, debido a que se trata de un entorno multimodal de difusión-transmisión-propagación, en el que se puede hacer concurrir desde la información más compleja y sistematizada (tal como investigación científica divulgada o un presupuesto o auditoría gubernamental, por ejemplo) hasta la más superflua, sesgada o distorsionada (fakenews, por mencionar un caso) pero cuyo potencial de aprendizaje no puede darse por descontado. Si se acepta esta consideración, la búsqueda de información es una acción que puede conformar en sí misma una práctica política, que consistiría en el monitoreo y la evaluación de la agenda pública alternativa a la que impulsan las élites políticas y económicas, lo cual favorece tomar mejores decisiones e implicarse en la movilización y, eventualmente, en la protesta.
Para Bernal (2015) tales acciones son de orden comunicativo, consultar, compartir y difundir noticias políticas, favorecidas por la “inmersión” en el uso de las redes sociales de comunicación (“virtuales”), repercute en los hábitos de consumo cotidiano de ese tipo de información, lo cual se verificó a partir de la valoración subjetiva de los entrevistados.21 En esta orientación no es difícil, al evaluar el uso y aprovechamiento de las TICs, caer en cierto determinismo tecnológico de la acción política; por eso es necesario elaborar las distinciones pertinentes. Siguiendo a Costera y Groot (2014), esta estudiosa considera que la propia estructura de las plataformas digitales de comunicación determina diferentes “prácticas”, si bien esta especialista no define las políticas y las comunicativas, que para aquellos estudiosos cumplen la función de estimular el conocimiento y favorecer la evaluación política (Bernal 2015, 193) lo cual a su vez está implicado en el proceso de tomar conciencia ante determinados asuntos o temas públicos (Bernal 2015, 200).
Tan relevante es la cuestión de delimitar con precisión el género del contenido generado, difundido y reproducido, dada la creciente “hibridación transmediatica e intertextual” (Scolari 2008) de los bienes simbólicos culturales circulados en el entorno multimediático, que ha llevado a varios estudiosos a probar que muchos ciudadanos se involucran, aprenden y orientan su participación a partir de contenidos distintos a la información y opinión, lo que sugiere explorar si el entretenimiento y la sátira política contribuyen al conocimiento basado en el sentido práctico, entre quienes interpretan el devenir político e interpretan el comportamiento de los agentes políticos con base en ese tipo de contenido.22
Otro riesgo de sesgo es suponer que la relación que guarda la participación con respecto de las redes sociodigitales de comunicación es directa y del tipo causa- efecto, hasta el punto en que se hace depender el éxito o fracaso de una campaña electoral del manejo diferenciado que se haga de aquellas. Al investigar los efectos de su uso con esa finalidad algunos encuentran que son “fuertes” sobre la conducta de voto, pero “débiles” respecto del aprendizaje político, si bien eso depende más del tipo de medio digital y del grupo de electorado de que se trate. Esa es, por ejemplo, la conclusión de la investigación empírica de Dimitrova, Shehata, Stromback y Nord (2011), cuyo mérito es verificar si diferentes formas de uso de distintos medios digitales afectan de manera distinta a las personas, si bien focalizados en la consulta de “sitios de noticias en línea”, la exploración (“navegación”) en “páginas web” de partidos políticos y la comunicación en redes sociales. Llegan a las siguientes conclusiones: 1) diferentes medios digitales tienen distintos propósitos en términos políticos (informar, convocar, movilizar); 2) los medios digitales se distinguen de medios tradicionales (prensa, radio, televisión) por sus características (interactividad, accesibilidad, empoderamiento simbólico de los usuarios), y, 3) diferentes formas de medios digitales, que tienen una diferente función principal, pueden tener efectos diferentes en los votantes según su propio marco de oportunidades, motivaciones y habilidades, lo cual puede ser evaluado a partir del nivel de interactividad y la forma específica de cada medio la cual difiere por su función primaria: la de los sitios nuevos “en línea” es ante todo informar a los visitantes; la de las redes sociales conectarse, implicar y facilitar la movilización de los votantes y los “sitios web” de los partidos políticos, si bien pueden informar, están diseñados para reforzar, reclutar y persuadir (Bimber y Davis 2003; Oates 2008 citados en Dimitrova et al. 2011, 101). Los hallazgos de este estudio son: a) las redes sociales más utilizadas con fines políticos fueron los “blogs”; b) el único tipo de uso de medios digitales que influye en el aprendizaje son las noticias “en línea”, aun más los “tabloides” que los periódicos; c) se confirmó la hipótesis de que el uso de noticias “en línea” tiene un efecto más fuerte sobre el conocimiento político que el uso de las “páginas web” de partidos políticos y que las redes sociales; d) se verificó la hipótesis de que el uso de estas tiene un efecto más fuerte sobre la participación y un efecto más débil sobre el conocimiento político.
Importa para efectos de nuestro problema y propuesta de enfoque destacar el análisis de la intersubjetividad y de la dimensión simbólica como un factor que, puesto en juego en y por la comunicación, orienta el sentido y significado al interpretar y comprender la acción, la práctica y la forma de participación políticas, tal como propone nuestra hipótesis. En el estudio aludido se plantea que aunque no haya una efectiva interactividad entre candidatos y ciudadanos, el hecho de que sea interpretada por estos como una mera oportunidad de participar, puede contribuir a una mayor autoeficacia interna y externa de la propia conducta; es en ese sentido que el uso de medios digitales puede “empoderar” y gratificar en el plano psicológico y provocar que el público se sienta más involucrado en el proceso político (Dimitrova, Shehata, Stromback y W. Nord 2011, 97). Un meta análisis de estudios centrados en los efectos de los medios digitales de comunicación revela que son más aquellos que concluyen que tienen un impacto positivo que los que consideran que es negativo, en ambos casos sobre el compromiso cívico y político, el nivel de conocimiento y de participación (Boulianne 2009, citado en Dimitrova et al. 2011). En un estudio de caso consistente en elecciones de consejeros en una municipalidad fronteriza, De Marques y Mont’Alverne (2016) encontraron que la sociabilidad comunitaria, entendida como relaciones o interacciones cara a cara entre individuos, afecta las maneras en que la Internet es utilizada en campañas locales, dado que no existe una relación directa entre el éxito electoral y el uso recurrente de cadenas de comentarios textuales breves en línea (Twitter) que hacen los candidatos, por lo menos en elecciones locales para cargos de representación proporcional.
Un aspecto central en el estudio de la relación entre comunicación y participación consiste en los efectos que la primera produce sobre la segunda, en términos de involucramiento (compromiso), activismo y movilización hacia la acción colectiva. En esta orientación de estudio es también relevante considerar la dimensión simbólica de la participación, que permite entender el papel del sentido y significado de las prácticas comunicativas y políticas, cuando se trata de la formación, expresión y promoción del disenso político. Una propuesta sugerente es hecha en un estudio de Sierra y Gravante (2016) acerca del “proceso de apropiación” y usos alternativos de tecnologías digitales por parte de movimientos sociales de resistencia política, a propósito de los casos de levantamiento indígena en Bolivia, Argentina y México, cuando sostienen que la acción de apropiarse de un espacio virtual (“páginas web”, “redes sociodigitales”), o bien de algún medio de comunicación, por parte de un movimiento social, es una forma de participación que implica procesos y acciones de identificación, interacción, proyección, personalización, territorialidad y pertenencia; tal proceso tiene lugar a través de acciones concretas tal como la “personalización de los objetos tecnológicos” (colocar etiquetas, marcas o símbolos) o bien la organización y gestión de radios comunitarias, urbanas y mediante la Internet, ya que estas son en sí mismas formas de hacer política, cuando las organizaciones integran sus programas y peticiones políticas, las luchas por conseguir formas de comunicación alternativa; las acciones de apropiación dotan al movimiento o comunidad de un sentido de pertenencia. Flores y Cortés (2016) concluyen en otro estudio que las TICs contribuyen a la conformación de grupos y comunidades “virtuales” y a la organización de la acción colectiva, suscitando ciertos cambios en el caso de los movimientos sociales, tal como su proliferación y ramificación; la formación de redes horizontales y flexibles de convivencia; la tendencia a que grupos con distintos intereses se coaliguen y combinen sus recursos humanos y materiales para lograr un cambio promovido a través de los medios digitales, así como que puedan reaccionar con mayor dinamismo ante contingencias en ciertas coyunturas.
En un estudio cualitativo basado en aplicación de entrevistas, Harlow (2013) exploró cómo son difundidas las tácticas digitales de cuatro tipos de organización no gubernamental y sin fines lucrativos en México, que han utilizado TICs y redes sociales de comunicación digital (Facebook y Twitter), para determinar cuáles dimensiones de su activismo encuentran apoyo en ellas, qué obstáculos enfrentan al utilizarlas y cómo perciben sus integrantes la adopción de tácticas digitales en relación con sus actividades de activismo. Se encontró que si bien la llamada “brecha digital” limita el uso y potencia la resistencia hacia tales herramientas de comunicación, las organizaciones están actuando como “invernaderos” que difunden aquellas “tácticas en línea” adaptadas en congruencia con sus propias necesidades y recursos; eso no significa que necesariamente se están institucionalizando como parte de un nuevo repertorio de tácticas digitales de activismo; algunas dimensiones del mismo están siendo apoyadas por la tecnología, tal como la comunicación con medios de comunicación a escala masiva y con otras organizaciones no gubernamentales, si bien el uso de TICs no es necesariamente útil para alcanzar a migrantes, comunidades indígenas y otros segmentos vulnerables de la población. Finalmente, Lugo y Melón (2016) exploran la relación entre creación y uso de videojuegos de “realidad alternativa” y la disposición a la participación ciudadana, sin ofrecer evidencia empírica que lo pruebe, pero al revisar investigación precedente encuentran que el vínculo se establece en el rango de efectos perceptuales, cognitivos, afectivos y motivacionales del comportamiento.
Sin las pretensiones de una definición, puede entenderse la participación política como toda acción colectiva cuyos protagonistas se erigen a sí mismos en la identidad de ciudadanos, a partir del discurso desplegado, siempre dirigido a influir o ejercer presión sobre la conducción de los asuntos públicos y en quienes son electos para decidir sobre ellos, si bien no constreñida al cauce, mecanismos y reglas de las instituciones políticas. Eso da lugar a considerar que transcurre principalmente durante el gobierno y las oposiciones políticas en funciones, que sus protagonistas son, y sus destinatarios pueden ser, clases y grupos sociales en sus diversas formas de agrupamiento, organización y movilización, ya sea en torno a asuntos económicos o culturales, en aquello que concierna al interés colectivo. Se trata de la configuración de acciones entrelazadas según finalidades, medios y recursos de los que se dispone; la identidad, el discurso y las reglas negociadas y pactadas por sus protagonistas dentro de interacciones comunicativas, de las cuales es posible inferir su propósito, destinatario y resultado esperado siempre con respecto al poder político. Desde ese punto de vista se hacen necesarias ciertas distinciones analíticas, tanto entre las condiciones y circunstancias, como entre el sentido y los destinatarios de las prácticas electorales y cívicas; entre identidad ciudadana e identidad partidista ostentada ante un mismo asunto o tema; entre participación institucionalizada y alternativa, según que la acción colectiva transcurra o no por el cauce de las instituciones políticas, si bien una y otra pudieran concurrir en la formación y el ejercicio de disenso político, en el segundo caso incluso con la expectativa de subvertir el estado de cosas prevaleciente; entre participación circunstancial y organizada, según que haya mediado o no un precedente esfuerzo concertado para su manifestación pública, y si se sostiene a lo largo del tiempo.
Pero una distinción analítica más pertinente, y aquí se ha supuesto que resulta crucial, consiste en el sentido simbólico colectivo de las acciones configuradas, el cual es movilizado en y por medio de la comunicación, lo cual remite, por un lado, a la congruencia que guarden con las pautas culturales y las convenciones políticas imperantes y, por el otro, al contraste entre la validez y el valor que a ellas les otorgan sus protagonistas, sus espectadores y sus destinatarios, en el entendido de que toda forma de participación, y las acciones que articula, supone siempre un determinado interés y, por tanto, la particularidad o postura política y un agente político intermediario y/o destinatario de las acciones.
Por eso, una aproximación interdisciplinaria es pertinente cuando se analiza la relación entre participación y comunicación a partir de las prácticas políticas y comunicativas y según el tipo de mediación, política o cultural, a las que responden. Mientras que las prácticas políticas están sujetas a restricciones y potencialidades derivadas de las instituciones, normas y mecanismos que regulan la acción (instancias de mediación) en el ámbito de la sociedad política, las prácticas comunicativas tienen lugar en ese y en otros ámbitos, la sociedad económica y la sociedad civil según la delimitación teórica de Cohen y Arato (2000), de las libertades y los derechos humanos antes que políticos, en los cuales el despliegue de la intersubjetividad puede escapar a las constricciones de la esfera estatal; tal mediación es de orden cultural y transcurre en las comunicaciones convergentes.
En los estudios políticos tradicionales, la modelización y las explicaciones de la participación política incurren, por lo general, en el sesgo determinístico de las instituciones y la subestimación del papel de la agencia humana, con lo cual se prescinde del potencial transformador de la praxis política, en especial aquella vehiculada mediante prácticas de comunicación política no institucionalizada, tal como ocurre, por ejemplo, a través de Internet, telefonía móvil y redes sociales de comunicación digital. Una orientación alternativa es investigar la transformación del sentido colectivo que deviene de esa mediación cultural. Por ejemplo, algunos creen que los medios de comunicación y su uso empodera a las personas, en algunos casos porque pueden expresar en público alguna inconformidad que, gracias a la comunicación, puede parecer que es acogida por otros o que se torna eficaz en términos de conseguir atención, interés y reconocimiento, lo cual puede ocurrir sin comprometer su identidad (anonimato), trabajo y tiempo (activismo tradicional); en otros casos porque el medio y la modalidad de comunicación usados se constituyen en una suerte de refugio o protección ante amenazas representadas por los ataques o juicios adversos, o bien porque para otras personas el involucramiento y la activación política justifica para sí mismo ser parte de una causa y hacer algo en favor de ella. La comunicación en redes sociales puede abrir para algunos horizontes de sentido a la participación política, contribuyendo al aprendizaje en el ejercicio de derechos políticos, la discusión pública y la formación de opinión en torno al reconocimiento político de identidades, intereses y causas cívicas y sociales, pero también puede afirmar valores “postmaterialistas” (Inglehart 1997) y actitudes de apatía o que constriñan su sentido a la queja, el chantaje y “clientelismo” político o la protesta estridente, que para otros muchos representa una experiencia individual, esporádica, gratificante en lo inmediato, de fácil expectación, mediante rituales simbólicos compartidos, aunque estos oculten inequidades sociales y políticas.
Dentro de esa orientación, el enfoque propuesto pudiera colindar con el denominado “interaccionismo interpretativo” de Norman Denzi (1971), que vincula el estudio de la creación de sentido en la interacción social con el proceso de comunicación y con el conglomerado de medios de comunicación “que produce y modela los significados que circulan en la vida cotidiana” (Denzin 1992, 96).23 Una ventaja de este enfoque interdisciplinario es la posibilidad de construir un marco conceptual “flexible” que permite reconocer que los significados dominantes y negociados pueden ser desafiados.
La modelización aquí propuesta considera los siguientes como aspectos o factores esenciales para entender la participación política: 1) sujeto o identidad; 2) intereses y motivaciones; 3) formas y mecanismos de acción; 4) recursos y oportunidades; 5) tipo de mediación (política o cultural), y, 6) repercusiones y alcances. Se sustenta en una perspectiva teórica que explica el desarrollo de la comunicación política en las sociedades contemporáneas a partir del proceso y fenómeno de mediatización de la política (Peña 2012), en cuyo núcleo explicativo subyace el presupuesto de que aspectos cruciales de la dimensión simbólica de la política, las maneras, los tiempos y espacios en que transcurre se han transformado irreversiblemente debido al desarrollo de la comunicación mediática, basada en la convergencia tecnológica de sistemas y modalidades de comunicación interpersonal, a escala masiva e interactiva en red, superponiéndose a fronteras espaciales y temporales y permitiendo actuar a distancia para grandes conglomerados, entre los que algunos grupos y clases sociales resultan excluidos, marginados o ignorados, lo cual repercute en la representación y en la participación política efectivas (Peña 2014).
Las prácticas comunicativas ponen a disposición de los ciudadanos recursos y oportunidades para imitar, aprender e innovar acciones mediante las cuales se generan, intercambian y circulan contenidos simbólicos. En cuanto a las prácticas políticas, de acuerdo con Bonvillani, Palermo, Vázquez y Vommaro (2010), cabe aceptar que la politización es un potencial de cualquier vínculo, pero no cualquier sistema de prácticas puede ser caracterizado como político; es necesario que se trate de prácticas producidas a partir de la organización colectiva, con visibilidad pública, con reconocimiento de un antagonista y que implican la formulación de una demanda pública y contenciosa. Por tanto, es posible establecer ciertas diferencias de orden teórico, por una parte, entre los conceptos de acción y práctica, distinción ya reflexionada y establecida en la teoría social y, por otra parte, entre acción política y acción comunicativa y proponer como unidad de análisis las prácticas políticas y las prácticas comunicativas, conceptos que suponen una concatenación de acciones u obrar humano, asentado en cierta conciencia y reflexividad y dirigida siempre hacia la transformación del estado de cosas, de la condición propia y la de otros, con los cuales se produce y reproduce la recursividad de lo social, cuestión que ha merecido sofisticadas elaboraciones teóricas (Giddens 2012; Bourdieu 2007); si bien esta disquisición escapa al objetivo de este trabajo conviene advertir que atañe a un dilema central en las ciencias sociales: las determinaciones entre sistemas psíquicos y estructuras sociales, lo individual y lo colectivo, nivel micro y macro de análisis.
El estudio de la participación política continúa dominado por la fragmentación disciplinar. En la teoría política abundan explicaciones centradas en el entramado institucional como determinante del comportamiento político. Desde la comunicación, la atención se centra en las posibilidades y alcances de distintos modos de producción, circulación e intercambio de contenidos simbólicos, su incidencia en la conformación de agendas y corrientes de opinión pública. La orientación de investigación preponderante es indagar si las TICs habilitan o restringen la participación política convencionalmente definida, por lo que se observa cierto “vacío conceptual” al momento de estudiar la participación política que transcurre en el entorno multimediático de comunicación. Aquí se ha propuesto que su estudio debiera considerar la transformación del sentido colectivo de participar y sus significados alternativos a los convencionales, cuyo análisis requiere de una perspectiva teórica y analíticamente interdisciplinaria.
Berrocal, Salomé, Eva Campos Domínguez, y Marta Redondo García. «Comunicación política en Internet: la tendencia al <Infoentretenimiento> político en <YouTube>.» Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 18(2): 643-659, 2012.
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Alain Touraine Comunicación política y crisis de la representatividad Jean Marc Ferry Dominique Wolton El nuevo espacio públicoBarcelonaGedisa19984756
[1] Artículo presentado como resultado del avance de la investigación “PAPIIT IN307718: Participación y comunicación política en el entorno multimedia: escrutinio ciudadano, aprendizaje político y opinión pública”, financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
[2] Jenkins (2008) concibe la convergencia como un fenómeno de naturaleza tecnológica y cultural que implica el flujo de contenidos a través de múltiples plataformas, sistemas y economías mediáticas en competencia; genera dos procesos simultáneos: por un lado, poner a disposición gran cantidad de contenidos muy diversos y, por el otro, permitir su creación y difusión por parte de los usuarios, quienes pueden colaborar en las múltiples interacciones comunicativas que entablan con otros, y ejercitar competencias y habilidades para la satisfacción de necesidades y la resolución de problemas comunes, produciéndose un ambiente de aprendizaje y conocimiento recíproco que el teórico cibernético Pierre Levy (2007) denomina “inteligencia colectiva”.
[3] Tal como demuestran Swanson y Nimmo (1990) en su influyente estudio acerca de las orientaciones de investigación entre 1950 y 1980, cuando predominó lo que llaman el “paradigma de persuasión del votante”, la tendencia a constreñir la participación política a la participación electoral, ejemplificada por la multicitada definición de Verba, Nie y Kim (1978, 1) para quienes el concepto designa “actos legales realizados por ciudadanos particulares” para influir en la selección de gobernantes y en sus acciones.
[4] Desde las perspectivas teóricas pluralista y neoinstitucionalista, las instituciones definen normas, mecanismos y recursos que orientan las acciones y disputas entre actores políticos y grupos de poder y estructuran los procedimientos de la participación política en torno a la competición para renovar los cargos públicos y para ejercer alguna presión o influencia sobre los titulares del gobierno en una democracia (Sani 1991, 1139).
[5] Según Porras (2005), ante la “crisis de representatividad” una de cuyas manifestaciones es el precario ejercicio de derechos políticos entre ciudadanos, para revertir tal situación se recurre a mecanismos tales como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, los presupuestos participativos, potenciados por las prestaciones que otorga la Internet, si bien en ese espacio público digital la participación depende de la capacidad de las instituciones para articular el proceso informal de la formación discursiva de la voluntad ciudadana, a condición de que las normas justifiquen la presunción de que las decisiones políticas contarán con la aceptación de los afectados por las mismas.
[6] Diversificar el repertorio de mecanismos de participación no necesariamente implica un aumento de las demandas y tampoco asegura mejores decisiones; contribuye a la legitimidad del sistema (Anduzía y Bosh 2004, 58).
[7] Las connotaciones del concepto varían según la perspectiva teórica que lo desarrolla; en los estudios clásicos Salisbury (1975) distingue tres líneas de entendimiento: como acto legítimo, por el cual los ciudadanos mediante mecanismos institucionales otorgan su consentimiento y por tanto legitiman decisiones de gobierno; esta concepción guarda relación con la estabilidad del sistema político (Pateman, 1970); como un instrumento necesario para incrementar los beneficios canalizados hacia un sector social (Parry 1972), ante los conflictos de intereses derivados de las desigualdades de su distribución y que representan el núcleo del proceso político (Booth 1979); como solvente del conflicto social y proceso de aprendizaje que contribuye a forjar una concepción común del “bien general” y acuerdos acerca de cómo los recursos deben ser asignados. Mientras que Milbrath (1965) entiende la participación como una serie de acciones acumulativas, ordenadas ascendentemente según costo y dificultad, para Verba y Nie (1972, 56-63) se trata de una categoría analítica multidimensional; en cambio para Barnes, Kaase y otros (1979) se trata de distinguir lo convencional o no de la acción política, para lo cual centran su investigación en la descripción de las actitudes de los ciudadanos hacia la desobediencia civil y la protesta.
[8] Melucci (1996, 20) define la acción colectiva como “un conjunto de prácticas sociales que involucran simultáneamente a un número de grupos o individuos que muestran unas características morfológicas similares en un tiempo y un espacio y que implican un campo social de relaciones y la capacidad de la gente a la que involucra dando sentido a lo que están haciendo”; se trata de un sistema de acción multipolar integrado por tensiones existentes en el interior del sistema social, valores y creencias generalizadas, y las finalidades y medios elegidos con una orientación construida por medio de las relaciones sociales, de las que depende en último término la construcción y negociación del significado de la acción colectiva como identidad (Melucci 1999, 42-44).
[9] Para quien trata de reconocer la diferencia, lo particular, lo múltiple, lo heterogéneo, todo aquello que el concepto abstracto de ser humano excluía, a diferencia de los postulados de las primeras teorías de democracia moderna y del individuo como portador de derechos asentadas en el ”universalismo abstracto de la Ilustración” y una naturaleza humana indiferenciada; la reformulación del proyecto democrático en términos de democracia radical requiere de “particularizar el universalismo”, esto es, un nuevo tipo de articulación entre lo universal y lo particular, si se quieren superar obstáculos para la extensión de la revolución democrática, porque los nuevos derechos reclamados hoy son la expresión de diferencias cuya importancia no se había afirmado y “que ya no son derechos universalizables” (Mouffe 1999, 32-33).
[10] Jan Teorell (2006) examina las distinciones de la participación entre teorías liberales, participativas y deliberativas de la democracia, en términos del papel que ella representa en la conformación y el mantenimiento del régimen político; para las primeras provee a los individuos de una voz política —principal mecanismo para la representación de intereses en los regímenes parlamentarios—, lo que explica la relevancia del problema de la igualdad y desigualdad política; para las segundas su valor radica en las posibilidades de intervención práctica en la elaboración de decisiones, por lo cual enfatiza las oportunidades de autogobierno para la solución de problemas fuera del cauce parlamentario; para las terceras la participación habilita a los ciudadanos para aprender y entender la vida política mediante la discusión de los asuntos colectivos.
[11] De acuerdo con Hay (2007, 81 y 82) un asunto es politizado cuando se convierte en objeto de deliberación y toma de decisiones, sin serlo previamente, lo cual puede ocurrir de tres formas: la extensión de la capacidad de influencia y deliberación humana; al deliberar una cuestión que estaba confinada a la esfera privada (por ejemplo, actividades de toma de conciencia de movimientos sociales vindicando la discusión colectiva de ciertas conductas en la familia; promover cuestiones cuya relevancia crece en el discurso público y son incorporadas a procesos legislativos.
[12] De acuerdo con Mazzoleni (2004, 14) existen varias razones por las cuales se sostiene ese tipo de relación: a) todos los actores que detentan y luchan por conseguir poder político producen comunicación porque se lo impone su función de representantes y gestores de los asuntos públicos y porque para obtener o mantener el consenso popular deben debatir en público con sus adversarios; b) no existe política sin símbolos y sin rituales, y, c) resulta imposible sustraerse a la agenda temática, la información y la opinión que circula, a escala global, a través de los medios de comunicación. La relación entre política y comunicación es ineludible.
[13] Entre reputados estudiosos del sistema democrático se reconoce la recíproca afectación; por ejemplo, Manin (1994) afirma que los partidos políticos han tenido que transformar su funcionamiento y relación con los ciudadanos, debido a la mutación de la representación política que ha llevado de la democracia de partidos a la “democracia de audiencia”, como consecuencia de que la política se haga visible para la mayoría de las personas a través de comunicación mediatizada centrada en “personalidades” y “anécdotas” en lugar de en proyectos políticos.
[14] De entre las posibles relaciones causales destaca aquella entre la suficiencia y relevancia de la información que el ciudadano promedio puede disponer, a partir de los contenidos difundidos por el sistema mediático, y la ausencia o bajo nivel de compromiso cívico y político. Así, la falta de compromiso y la apatía hacia la participación se deben, para algunos, al excesivo criticismo descontextualizado que propagan los medios de comunicación (Patterson 1993; Capella y Jamieson 1997) y para otros a la tendencia a presentar tales contenidos de manera “sensacionalista”, cual si se tratara de un espectáculo de entretenimiento que debe provocar curiosidad, especulación y gratificación psicológica de las emociones (Mazzoleni, Stewart y Horsfield 2003).
[15] Shah y otros (2001) analizaron el uso total del medio versus dicho para obtener “noticias duras” en televisión y en periódicos, el uso total de Internet y el uso de Internet para recreación social, consumo de productos, administración financiera e intercambio de información, y encontraron que distintos tipos de uso incrementan de manera diferenciada los niveles de confianza política entre distintos grupos etarios.
[16] Por ejemplo, en una investigación experimental y en encuestas, Ansolabehere e Iyengar (1995) identifican que existe relación inversa entre la exposición a propaganda negativa y el sentido de eficacia política de los ciudadanos.
[17] Vista desde la experiencia de sus emisores, es el resultado de la apropiación de los medios para construir subjetividades políticas, reelaborar y redefinir valores, creencias e identidades que viven los protagonistas de experiencias de resistencia y por las que se pone en entredicho la estructura de poder, por tanto, es otro medio de hacer política, porque las luchas por dar sentido de pertenencia a quienes carecen de recursos y conocimientos son luchas políticas para participar en las decisiones (Gravante 2014, 126-131); esa comunicación da cabida a quienes no pueden expresarse dentro de los medios y canales establecidos o controlados por las instituciones; moviliza visiones del mundo, surgidas de la sociedad, opuestas a la hegemónica (Corrales y Hernández 2009); por eso es un instrumento de lucha popular contra el poder, por la identidad del emisor y por el mensaje (De Moragas 1979).
[18] Para Keane (1999) en el capitalismo las redes de telecomunicaciones y de radiodifusión constituyen bienes públicos que requieren la acción del Estado para hacer prevalecer el interés público; postula que cada subsistema de medios de comunicación instituye una esfera pública, con distinto nivel de cobertura, de manera que el Estado debe arbitrar conflictos derivados de la lógica mercantil en la administración de un bien público.
[19] El sistema político supedita, mediante la regulación legal, el funcionamiento del sistema de medios de comunicación; pero este último ejerce presión política sobre el primero a partir de la gestión de la visibilidad pública, así como de las interlocuciones políticas a que da cabida en su difusión y transmisión de contenidos (Thompson 1998). Hallin y Mancini (2004) han hecho una modelización de la relación causal entre sistema político y sistemas mediáticos basados en la lógica política y económica, en una investigación comparada entre varios países.
[20] Dahlgren (2005), quizá como pocos, ha hecho contribuciones en esta orientación. Dahlgren (2005) establece tres dimensiones analíticas de la esfera pública, la estructural, la representacional y la interaccional; esta última permite su extensión y la concurrencia plural de individuos y grupos sociales a partir de la discusión pública que suscita el uso de la Internet. Pero en tanto que categoría analítica de esa forma de participación requiere de un examen crítico, debido a los sesgos “racionalistas” que, desde la perspectiva de la democracia deliberativa, limitan su utilidad heurística, en especial fuera del contexto de la política parlamentaria. Por eso propone que el concepto de cultura política es una forma alternativa para comprender el papel de la discusión política, aquella que tiene lugar en y mediante las plataformas digitalizadas convergentes de comunicación a distancia y a la vez de comunicación interpersonal en redes sociotécnicas, que desestabilizan los medios tradicionales de comunicación a escala masiva.
[21] En el caso de la municipalidad “Porto Alegre” en Brasil los gobernantes ejercían un control censor sobre sus interlocutores ciudadanos, por la vía de la norma que obliga a concurrir presencialmente al discutir la propia propuesta que haya sido presentada “en línea”.
[22] Esta estudiosa de las TICs incorpora un “tercer pilar” en la arquitectura de la relación política-medios-ciudadanos, el relativo a la generación de opinión-debate, mediante diecisiete acciones: “crear contenidos, opinar, seguir debates parlamentarios, difundir convocatorias, crear y difundir campañas, acceder a representantes; promover, compartir, moderar, distribuir e integrarse en debates; subir noticias/titulares, escribir a representantes políticos y periodistas, compartir información, difundir convocatorias, resumir debates parlamentarios y recibir información en directo” (Bernal 2015, 199).
[23] Véanse, por ejemplo, dos estudios en España, uno acerca del consumo de audiovisuales grabados con las características del género informativo de entretenimiento y difundidos por la plataforma digital “YouTube”, cuando el usuario lleva a cabo búsquedas de información acerca de personajes políticos en el escenario europeo en 2010 (casos de los presidentes Sarkosy, Berlusconi, Brown, Zapatero y Obama) (Berrocal, Campos y Redondo 2012) y un programa televisivo de sátira política (“Polonia”); de ambos se desprende que a pesar de la gran aceptación y consumo de contenido simbólico de entretenimiento bajo la apariencia de información, no se incrementa el interés por la política entre sus consumidores (Ferré, Sintes, Gayá 2013).
[24] De hecho, abreva de presupuestos desarrollados desde la etnografía postmoderna, las críticas feministas al positivismo, la fenomenología hermenéutica y existencial, el pensamiento postestructuralista y el pragmatismo; y entre sus contribuciones metodológicas está la triangulación múltiple, concepto que implica la combinación de múltiples métodos, tipos de datos, observadores en una misma investigación. Para el sociólogo estadounidense, eso le permite al investigador que el mundo de la experiencia social efectiva de los sujetos de estudio module y modifique su marco conceptual y, de ese modo, moverse continuamente entre el dominio de teoría social más general y los mundos significativos de las personas (Denzin 1971, 168).